Salomé Pradas, a su llegada a la Ciudad de la Justicia este viernes. Biel Aliño / EFE
Las declaraciones de Pradas y su número dos complican los caminos para proceder judicialmente contra Mazón
La exconsellera alude a su inexperiencia política para evitar la responsabilidad penal y tanto ella como Argüeso descargan la responsabilidad en los técnicos.
Más información: La exconsellera Pradas se derrumba en su declaración ante la jueza de la dana y asegura que no dirigía nada
La causa que indaga en la gestión de la dana del pasado 29 de octubre vivió este viernes un día clave con la declaración de los únicos dos investigados hasta la fecha: la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso.
Las comparecencias de ambos se centraron en señalar a los técnicos responsables de Emergencias cuyo criterio tenían que seguir aquella jornada. Y los dos libraron judicialmente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al excluirlo de cualquier decisión.
Este hecho complica que se pueda proceder contra él, a la espera de cómo evolucione la investigación y las sucesivas declaraciones en el juzgado. Ninguno de los dos cargos políticos ha 'disparado' hacia arriba, sino hacia abajo.
La estrategia vaticina un choque con los técnicos señalados, que todavía no han sido citados por la jueza pero que seguramente aporten una versión diferente -o al menos matizada- de los hechos por las acusaciones de los investigados.
Tanto Pradas como Argüeso fueron recibidos entre protestas de familiares de víctimas y gritos de 'asesinos' a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se ubica provisionalmente el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja debido a los daños por las inundaciones de la dana.
Los protagonistas trataron de abrirse paso entre una nube de periodistas y sin que hubiera un cordón policial organizado para su entrada. Ante la tensión vivida, la recomendación de los cuerpos de seguridad fue que no salieran por la puerta principal.
Así que tanto uno como otro acabaron abandonando la Ciudad de la Justicia por el garaje, según varias fuentes.
La situación no era fácil para ninguno, pero las actitudes fueron muy diferentes a lo largo de su declaración, en la que únicamente respondieron a las preguntas de sus respectivos abogados.
Mientras Pradas se derrumbó en la Sala, llorando en repetidas ocasiones, Argüeso se mostró seguro. Aun así, el contenido de sus comparecencias fue similar. No hubo ataque del uno hacia el otro sino más bien lo que parecía una estrategia compartida.
Familias de víctimas, en las puertas de los juzgados. Biel Aliño / EFE
Especialmente llamativa fue la de la exconsellera, quien decidió aludir a su incapacidad política para tratar de eludir su responsabilidad penal. Así, destacó que no dirigía nada y que no tenía conocimientos ni experiencia alguna en Emergencias, según fuentes conocedoras del interrogatorio.
Explicó que era consellera desde el 12 de julio -es decir, tres meses antes de la dana- y que en materia de Emergencias "sólo tenía un cargo institucional".
Cabe recordar que Pradas llegó al departamento de Justicia e Interior tras una remodelación del Gobierno autonómico por parte de Mazón después de que Vox rompiera el pacto y se marchara del Ejecutivo.
El Comité Asesor
La exconsellera descargó la responsabilidad de aquel día en los técnicos y dijo que los Planes de Emergencias "están diseñados para no tener que pensar y no estar tomando decisiones".
Los que sí tenían experiencia, dijo, eran los miembros del Comité Asesor del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que debían aconsejar sobre cómo proceder al Comité de Dirección, al que pertenecían ella misma y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
Aquel día, detalló, había un grupo de seguimiento de riesgos conformado por un técnico del departamento en materia de Protección Civil a nivel autonómico y tres del Gobierno (de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la Delegación Territorial de la Aemet y otro del Ministerio).
Su función era evaluar los datos y aconsejar al Comité de Dirección sobre las medidas de protección a la población que se consideren necesarias, de acuerdo con el Plan de Emergencias.
Además de los asesores, prosiguió, había técnicos de Emergencias en la Sala y en la mesa del Cecopi que sumaban más de 100 años de experiencia en este ámbito.
Entre ellos, mencionó a su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que es Guardia Civil y Policía Nacional; al director general de Emergencias, que es bombero de profesión; dos miembros de la UME; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; o el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset.
Sin advertencias del Poyo
Pradas insistió en varias ocasiones en que no tuvieron advertencia alguna sobre el barranco del Poyo aquella tarde. Aquel cuyo desbordamiento provocó la mayoría de las muertes. "Ni información técnica ni sobre la crecida", señaló.
"Hacer frente a una emergencia de ese calibre no dependía de la simple decisión de una persona", afirmó, para remarcar que había que atender a los técnicos y escuchar sus recomendaciones.
Igualmente, criticó la falta de información de la CHJ y el hecho de que su presidente, Miguel Polo, sólo estuviera conectado telemáticamente y no avisara de la brutal crecida del Poyo. "Empezamos a ser conscientes de la magnitud de lo que había ocurrido por la noche", aseguró.
La parte en la que dio detalles sobre el envío de la alerta a los ciudadanos fue relevante. Para empezar, defendió que no fue "ni tardía ni errónea".
Esta afirmación no es casual, puesto que la propia jueza que investiga la dana la ha calificado así en sus autos y cree que por ese retraso y por el contenido del texto se multiplicaron las muertes.
Según Pradas, una vez la CHJ advierte del peligro de Forata, en el seno del Cecopi comienza un debate. La exconsellera admitió ante la jueza que ella propuso la evacuación de los municipios en riesgo por esa presa. Pero le dijeron que podía ser contraproducente.
Finalmente, relató, se propuso el ES-Alert a las 19.00 horas. Se mandó a las 20.11. El texto, aclaró, lo decidieron los técnicos. Además, indicó que era un sistema que tenía "carácter de prueba" hasta ese momento.
Tardó "una media hora" entre que se introdujo el texto, se validó y se solicitó la verificación del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM). Este organismo depende del Gobierno central.
"No se esperó a Mazón"
Pradas desligó el envío de la alerta de la llegada del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al Cecopi. "No tiene nada que ver", afirmó.
"Yo informaba al presidente, pero quien estaba representando al Cecopi en la Generalitat era yo. No espero al presidente para tomar ninguna decisión. No dependía de él, sino de los técnicos. Nadie paró la medida, nadie esperó a que nos dieran el visto bueno", indicó.
La exconsellera detalló que a lo largo de esa tarde habló con Mazón en varias ocasiones. También con su equipo directo de Presidencia: "Les iba trasladando lo que ocurría en el Cecopi".
El exsecretario autonómico Emilio Argüeso, a su llegada a los juzgados. Biel Aliño / EFE
Por su parte, Argüeso siguió una estrategia similar al señalar directamente al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; al ex responsable de los bomberos del Consorcio Provincial José Miguel Basset; al presidente de la CHJ, Miguel Polo, e incluso al gabinete de prensa de Emergencias de la Generalitat de no haber canalizado la información sobre lo que sucedía "fuera" aquella jornada.
Argüeso quiso dejar claro que no fue convocado al Cecopi porque no forma parte de este organismo y acusó a Suárez de indicar que "no había que hacer caso" a las llamadas del 112 (ese día se recibieron 19.821), porque en un accidente de circulación llaman 50 personas".
También apuntó a Basset por "callarse" la información sobre el hecho de que retirara a las 15.00 horas a los bomberos que vigilaban el caudal del Poyo. Según dijo, se enteró de ello dos semanas después.
En su opinión, hubo tres grandes errores aquel 29 de octubre: la citada retirada de los bomberos forestales (admitida recientemente por Basset y justificada en que observaron un descenso del caudal), la información sobre los caudales facilitada por la CHJ, que según él no llegó al Cecopi, y la presencia de forma telemática de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
